Tras el previsible relevo del comisario Carlos Vara, la seccional Escobar 1ra quedó a cargo de un policía acusado de encubrir a un cabaret que explotaba a mujeres traídas desde Paraguay, en Pergamino. Fue en 2007 y la causa está en pleno juicio.

Por CIRO D. YACUZZI
cyacuzzi@dia32.com.ar

Envuelto en un manto de críticas y sospechas, apenas empezó mayo el comisario Carlos Vara fue relevado de la seccional Escobar 1ra. Terminaron por costarle el puesto los graves disturbios del 4 de abril en la calle Rivadavia, donde un supuesto sindicato de remises hizo lo que quiso durante cinco horas sin que la policía siquiera se asomara. “La gente pedía un cambio. Y también lo hicimos para cuidarlo”, explicó el jefe departamental de Zárate-Campana, comisario mayor Alejandro González. Sin embargo, para designar a su sucesor no se tomaron demasiadas precauciones, ya que el elegido está acusado de haber encubierto en 2007 a un cabaret que explotaba a mujeres paraguayas y menores de edad, en Pergamino.

Nacido en Berazategui pero radicado con su familia en Rojas, Gustavo Gabriel Romera (46) asegura ser inocente. “Estoy tranquilo porque sé que no tengo nada que ver”, le dijo a DIA 32. Empero, el fiscal Pablo Santamarina encontró motivos suficientes para imputarle los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado” en la renombrada causa “Spartakus”. Su nombre figura en la nómina de doce acusados del juicio oral que comenzó el jueves 10 de mayo y que concita una singular atención en el municipio del norte bonaerense. Es que el caso generó hace cinco años una conmoción generalizada, con marchas multitudinarias y una escandalosa interpelación al entonces intendente Héctor “Cachi” Gutiérrez.

Prostitución y esclavitud

El martes 3 de abril de 2007, Gendarmería Nacional allanó un inmueble ubicado sobre la ruta nacional 8, a 200 metros de la autovía provincial 188, donde encontró que 15 mujeres de nacionalidad paraguaya, entre ellas dos menores de edad -todas reclutadas en Ciudad del Este e ingresadas al país con documentos falsos-, se encontraban privadas de su libertad y eran obligadas a prostituirse. El lugar había sido una bailanta y llevaba un tiempo cerrado, al menos en apariencia, aunque estaba tramitando una nueva habilitación como whiskería y publicitaba su inminente apertura con un show “muy hot”. Según consta en el expediente judicial, las mujeres llevaban allí poco menos de un mes.

La siniestra trama de explotación sexual y trata de blancas que se escondía tras los muros de “Spartakus” fue descubierta a partir de la denuncia de una menor que pudo escaparse de ese infierno y que en su intento por regresar al Paraguay fue indagada por empleados de Migraciones a quienes confesó la odisea que sufrían ella y sus compatriotas. De inmediato, el juez federal de Posadas, Ramón Chávez, ordenó la intervención de la Gendarmería.

Romera estaba a cargo de la comisaría de la ciudad desde el 15 de diciembre de 2006 y el hallazgo de la red de trata en su jurisdicción le costó un sumario interno y una suspensión de un mes. Cuando retomó, pidió a sus superiores que le asignaran otro destino. Y así llegó a la zona de Zárate-Campana. Pero el 30 de marzo de 2009, sentado en su despacho de la comisaría de Lima, se enteró de que la fiscalía había dictado su procesamiento.

Las pruebas que complican a Romera son dos. Por un lado, una declaración del entonces jefe distrital de Pergamino, comisario Roberto Gabín, quien aseguró haber instruido a Romera a enviar personal a monitorear el local. Por el otro, un numerario de su seccional encargado de controlar la nocturnidad -el sargento Martín Pérez- firmó un par de actas en las que dejó constancia de que el inmueble estaba cerrado y “no había ninguna anomalía”. Para Santamarina, queda así demostrado que el jefe policial no podía ignorar lo que pasaba. Aún más, presume que estaba en connivencia con quienes explotaban el local.

La suerte de Romera, así como la de los otros once imputados -entre ellos dos inspectores municipales y el aludido policía Pérez- podría definirse entre fines de junio y principio de julio, aunque el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino aún no le puso fecha a la lectura del veredicto. Sí está previsto que el debate dure 40 jornadas y que declaren más de 300 testigos.

“Esta causa me perjudicó en lo profesional, en lo familiar y en lo psicológico. Pero estoy tranquilo, no encubrí a nadie ni incumplí con mis deberes”, sostiene Romera, confiado en que el fallo del tribunal borre de su legajo la oscura mancha de “Spartakus” que lo atormenta.

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