Acompañado por el entonces presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof anunció a fines de 2020 el Plan de Infraestructura Penitenciaria 2021-2022, por medio del cual se comprometió a crear cinco cárceles y quince alcaidías departamentales, una de ellas en Belén de Escobar. Estos nuevos establecimientos totalizarán 12.000 plazas para alojar a personas privadas de la libertad.
En ese mismo acto, el intendente Ariel Sujarchuk y quien era ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, firmaron el convenio marco para llevar a cabo este proyecto en Escobar. “Hoy es otro día trascendental. Con la construcción de la alcaidía empezamos a solucionar uno de los principales problemas estructurales en materia de seguridad, como es la superpoblación de presos en las comisarías”, destacó ese día el jefe comunal.
Sujarchuk también resaltó el impacto positivo que esto tendría para la seguridad ciudadana. “Las personas que actualmente están detenidas en los calabozos van a ser trasladadas y alojadas en la alcaidía del Servicio Penitenciario. Eso nos va a permitir sumar decenas de policías a las calles de todas las localidades, que hoy están abocados al cuidado de esos presos”, señaló.
La noticia causó un fuerte revuelo en Escobar. Si bien el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad su emplazamiento sobre la calle Gelves, frente al cementerio municipal de la ciudad, los vecinos del barrio Donatelli pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, sus numerosas movilizaciones y reclamos no lograron que el Municipio diera marcha atrás. Solo consiguieron que los exima del pago de tasas por cinco años, a modo de resarcimiento por las molestias. Sin embargo, sus numerosas movilizaciones y reclamos no lograron que el Municipio diera marcha atrás. Solo consiguieron que los exima del pago de tasas por cinco años, a modo de resarcimiento por las molestias.
El Ejecutivo cumplió con la excepción tributaria prometida. Pero la alcaidía, que supuestamente iba a inaugurarse en mayo de 2023, todavía no está en funcionamiento. A dos años de esa fecha, la obra está abandonada y a la deriva.
En agosto de 2024, el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, anunció que la alcaidía comenzaría a funcionar antes de fin de año. Pero a aquellas palabras se las llevó el viento. Un problema con la empresa contratista volvió a frenar la culminación de la obra, que presenta un avance del 90%. Mientras tanto, los plazos siguen siendo inciertos y la imponente construcción está completamente vacía, como un símbolo mudo de la demora estatal, a la espera de una definición sobre su futuro.
INICIO Y PARÁLISIS
La futura alcaidía está en un predio fiscal ubicado exactamente enfrente del cementerio. A un costado tiene la sala velatoria y el crematorio municipal. Lo que se dice, un entorno lúgubre. El terreno es de 7.848 m2 y la edificación ocupa más de la mitad: cerca de 4.000, entre cubiertos y semicubiertos.
Cuenta con un total de 88 celdas, separadas en dos módulos, que ya están construidas. Son para alojar a personas detenidas que no tengan condena y cuya situación procesal no esté definida. Hoy, la mayoría de esos presos están en los calabozos de las comisarías, que llevan años colapsados y no están preparados para largas estadías.
La construcción del edificio penitenciario comenzó en enero de 2022. La obra le fue adjudicada a la empresa Hidravial S.A., que tenía un plazo de 10 meses para entregarla. En febrero de 2023, el avance era acorde al esperado y por eso la fecha que se barajaba para su inauguración era mayo.
Incluso, el Servicio Penitenciario Bonaerense ya había iniciado el proceso de selección de guardias, profesionales y directivos para la alcaidía de Escobar. De hecho, la abogada Magalí Gelhorn fue designada a cargo del establecimiento.
Sin embargo, repentinamente, en algún momento del año pasado la construcción quedó paralizada sin explicaciones públicas, ni desde la Provincia ni desde el Municipio. Quien volvió a reflotar el tema fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Martín Mena. El 1° de agosto, durante su discurso en la inauguración del Polo Judicial de Escobar, aseguró que la alcaidía comenzaría a funcionar antes de fin de ese año. “Esa obra se retomó y en 3, 4 meses vamos a estar inaugurándola junto al intendente”, sostuvo.
A pesar de la firmeza con la que el funcionario bonaerense emitió estas declaraciones, los plazos no solo se vencieron, sino que hasta el momento no existe un panorama definido sobre la habilitación del establecimiento.
BARAJAR Y DAR DE NUEVO
A pesar de tratarse de un proyecto de gran escala y alto impacto, la demora en la habilitación de la alcaidía es un tema del que prácticamente no se habla. Por eso, DIA 32 intentó encontrar explicaciones a esta situación en el Palacio Municipal.
“El retraso para finalizar los trabajos tiene que ver con un problema burocrático con la empresa contratista, que obliga a la Provincia a rever o rescindir el contrato inicial y lanzar un nuevo proceso de adjudicación para terminar la obra. Eso implica la firma de otro contrato y lleva su tiempo”, señalaron desde el Ejecutivo local.
Las fuentes consultadas no dejaron pasar la oportunidad para endilgarle una responsabilidad indirecta al gobierno del presidente Javier Milei. “Por otra parte, es de público conocimiento que la coparticipación que el Poder Ejecutivo nacional debe enviar a la Provincia sufrió todo tipo de atrasos y modificaciones. Ese es otro de los motivos que originó que la obra esté frenada”, afirmaron.
A modo de conclusión, remarcaron que desde la Comuna están “en contacto permanente con el Ministerio de Justicia bonaerense y a total disposición del gobierno provincial para tratar de agilizar cualquier aspecto que acelere la puesta en funcionamiento de la alcaidía”.
Mientras que la suerte del futuro edificio penitenciario está en veremos, la superpoblación en las comisarías persiste, la Policía sigue con recursos atados a tareas impropias de custodia y una obra emblemática para el sistema de seguridad local espera, silenciosa, una solución política que le devuelva sentido.
Deberían dejar de lado la burocracia, trabajar en conjunto y avanzar con la obra. Así descomprimir un poco las comisarías y mostrarle al ciudadano que la plata se invierte bien. Pero tanto el intendente de escobar como el gobernador y compania se están tirando la pelota el uno al otro.