La industria argentina vive uno de sus momentos más complejos de los últimos años, atravesada por la apertura de las importaciones, la caída del consumo interno y una profunda reforma del régimen laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Se trata de cambios estructurales que reconfiguran el mapa productivo del país y generan tensiones entre empresarios, trabajadores y el sistema legal que regula las relaciones laborales.
En ese escenario, el impacto no se mide solo en variables macroeconómicas. En distritos con fuerte presencia industrial como Escobar, las decisiones nacionales se traducen en niveles de actividad más bajos, ajustes de personal, incertidumbre en las pymes y un clima de cautela que afectan tanto a las fábricas como al comercio y los servicios que dependen de ellas.
Con el objetivo de poner el foco en cómo estos procesos se viven a escala local, DIA 32 reunió tres miradas representativas del debate actual: la del sector industrial, la del sindicalismo y la del derecho laboral.
Tres voces con trayectorias distintas, pero atravesadas por un mismo interrogante: qué efectos reales tendrán la apertura económica y la reforma laboral sobre el empleo y la producción en el distrito.
“Una modernización necesaria, pero no una solución integral”
En la Unión Industrial de Escobar (UIDE), el diagnóstico sobre la actualidad del sector combina prudencia, preocupación y expectativa. La entidad reconoce un escenario heterogéneo, atravesado por la caída del consumo, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada y un contexto macroeconómico que condiciona tanto la producción como el empleo.
En ese marco, la UIDE valora la reforma laboral como una modernización necesaria, pero advierte que no se trata de una solución integral ni automática. A su vez, señala que, sin reactivación de la demanda y sin una estrategia que articule apertura de importaciones, inversión productiva y desarrollo local, el impacto sobre el empleo industrial será limitado. Para el sector, sostener la actividad y la formalidad depende menos de una sola ley que de un equilibrio entre costos, consumo y previsibilidad.
-¿Cómo se encuentra hoy la industria del distrito en comparación con los últimos años?
-La situación es heterogénea, aunque mayoritariamente compleja. Las industrias radicadas en Escobar continúan activas, pero con niveles de utilización de la capacidad instalada sensiblemente bajos, en torno al 35% o 40%, muy por debajo de los registros históricos. En el último año se observó una caída significativa en la producción y las ventas, influida por la retracción del consumo, el contexto macroeconómico y mayores dificultades para competir en ciertos rubros.
-¿Tuvieron que reducir personal o analizan hacerlo en el corto plazo? ¿Qué ocurre con los salarios?
-No se registran despidos masivos generalizados, pero sí un proceso de ajuste gradual. En algunos casos hubo reducción de planteles y, en muchos otros, se optó por no reponer vacantes generadas por jubilaciones o renuncias, además de reestructuraciones de costos que incluyen el área de recursos humanos. En cuanto a los salarios, si bien en determinados sectores se logró acompañar la inflación, la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los últimos años continúa impactando negativamente en el consumo y, en consecuencia, en la actividad industrial.
“La apertura del comercio exterior mejoró el acceso a insumos, pero también genera una competencia difícil de sostener para muchas empresas”.
-¿Cómo impacta en la actividad la apertura de las importaciones?
-El impacto es ambivalente. Por un lado, la apertura y simplificación del comercio exterior permitió mejorar el acceso a insumos, reducir trabas administrativas y normalizar procesos logísticos. Sin embargo, al mismo tiempo, la entrada de productos importados terminados genera una competencia difícil de sostener para muchas empresas locales, especialmente cuando se trata de bienes producidos en países con costos subsidiados o estructuras impositivas muy diferentes. En varios casos, esto se tradujo en caídas de ventas y presión sobre la rentabilidad.
-¿Cuál es la opinión de la UIDE sobre la reforma laboral?
-Consideramos que se trata de una modernización necesaria de un marco normativo que había quedado desactualizado frente a los cambios en el mundo del trabajo. Valoramos especialmente los avances vinculados a la flexibilidad operativa, la previsibilidad y la formalización de prácticas que ya se aplicaban en muchos casos. No obstante, aclaramos que no es una solución integral. Quedan pendientes discusiones de fondo, particularmente en materia impositiva, y existen dudas sobre cómo se aplicarán algunos instrumentos en la práctica.
-¿La reforma laboral, por sí sola, puede generar empleo?
-La experiencia indica que la reforma laboral por sí sola no genera empleo. El empleo industrial se crea principalmente en contextos de crecimiento económico y recuperación del consumo, que representa cerca del 70% del PBI industrial. La reforma puede aportar previsibilidad y reducir incertidumbre, pero sin demanda y sin inversión productiva sostenida, su impacto será limitado.
-Se dice que es una reforma que solo beneficia a los empresarios. ¿Es así? ¿Hay beneficios para los trabajadores?
-La reforma no debe analizarse únicamente desde el costo del despido. El costo empresario es integral y está influido por variables como la presión impositiva, las tasas de interés, el tipo de cambio, la productividad y el nivel de capacitación del personal. Si bien introduce mayor flexibilidad y previsibilidad para las empresas, también puede beneficiar a los trabajadores en la medida en que contribuya a la sostenibilidad de las empresas y a la formalización del empleo. Nadie contrata pensando en despedir: el objetivo es sostener y desarrollar la actividad en el largo plazo.
“La reforma es la modernización necesaria de un marco normativo que había quedado desactualizado, pero no es una solución integral: quedan pendientes discusiones de fondo”.
-Con este escenario macroeconómico, ¿cree que en dos años habrá más o menos empleo registrado en el sector industrial?
-El escenario es incierto y depende de múltiples variables. Si no se reactiva el consumo interno y la apertura de importaciones no se articula con una estrategia de desarrollo local, el empleo registrado podría mantenerse estancado o incluso disminuir.
Por el contrario, una apertura coordinada, acompañada por inversión productiva, reglas claras y políticas que contemplen a las pymes industriales, podría generar condiciones para una recuperación gradual del empleo. La reforma laboral puede ser una herramienta, pero no alcanza por sí sola.
“Con esta reforma será más fácil despedir”
Con más de 20 años de trayectoria en derecho laboral, el abogado escobarense Roberto Choffi advierte que la reforma es un cambio de enorme profundidad, con impacto directo en el régimen de indemnizaciones, la litigiosidad y el equilibrio de fuerzas en la relación entre empleadores y trabajadores.
Desde su experiencia profesional, el titular del estudio jurídico Choffi & Asociados señala que, más allá de la modernización de algunos institutos, la reforma no puede leerse de manera aislada del contexto económico ni de los principios constitucionales que rigen el derecho del trabajo. En su diagnóstico, la creación de nuevos mecanismos como el FAL y las limitaciones a ciertos reclamos judiciales abren un escenario de mayor incertidumbre para el trabajador, al tiempo que reconfiguran el rol de la Justicia y del abogado laboral en los conflictos del sector.
-¿Cuáles son, a su criterio, los cambios más relevantes que introduce la reforma laboral?
-Son muchos, es un tsunami laboral. Aborda la jornada de trabajo, con el banco de horas y francos compensatorios; el régimen de vacaciones, posibilitando su fraccionamiento siempre que los tramos no sean inferiores a 7 días y permitiendo gozarlas durante todo el año.
Establece qué rubros integran el salario base de cálculo para la indemnización del artículo 245, dejando fuera el sueldo anual complementario, las vacaciones y premios que no se abonen al menos seis meses de los últimos doce previos al despido. Crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), donde se derivan aportes patronales a través de ARCA a fondos comunes de inversión regulados por la CNV, con el fin de solventar las indemnizaciones. Introduce modificaciones en el derecho colectivo del trabajo, estableciendo porcentajes mínimos de prestación de servicios esenciales y regulando las asambleas en el trabajo, así como la cantidad de horas que puedan disponer los delegados gremiales de base para ejercer esa función.
También regula las plataformas de delivery y reparto, excluyéndolas de la LCT, y la actualización de intereses en juicios laborales pendientes, aplicando tasa pasiva, con un tope de IPC +3% y un piso del 67% del IPC +3%. Mantiene los aportes obligatorios a cámaras patronales y sindicatos, aprueba el acuerdo para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y establece que los precedentes de la Corte Suprema son obligatorios para el fuero laboral. Además, acelera la implementación de un cuerpo de peritos médicos forenses y establece un régimen de regularización de relaciones laborales no registradas.
-¿Modifica sustancialmente el régimen de indemnizaciones?
-La ley Bases sancionada en julio de 2024 autorizó a empleadores y sindicatos a optar por un fondo de cese laboral y nadie lo hizo. Ahora lo hacen forzosamente con el FAL y vuelven a insistir en que por convenio colectivo se puede establecer un fondo de cese laboral. El artículo 245, que establece indemnizaciones por antigüedad sigue vigente, con las modificaciones ya mencionadas. También busca desalentar reclamos por fuera de la indemnización especial, impidiendo al trabajador hacer reclamos con fundamento en el derecho civil.
“Estas reformas buscan alejar al trabajador de su abogado. No es el primer embate de la política contra los llamados ‘costos laborales’”.
-¿Qué impacto puede tener en la litigiosidad laboral?
-Al principio, siempre baja el ingreso de demandas, como pasó con otras reformas, pero luego del primer año empiezan a aumentar los reclamos. Son reformas muy profundas que afectan la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional o superior a las leyes. Por ejemplo, transforma a la Corte Suprema en un Tribunal de Casación, cuando la Constitución no le otorga facultades de establecer doctrina legal.
También hay que tener en cuenta que el fondo para pagar indemnizaciones responde en función del registro, por lo que si el trabajador cobra sumas no registradas seguirá habiendo litigios.
-¿Fortalece o debilita la posición del trabajador en la relación contractual?
-El FAL cumple una función de intentar reparar el despido, pero no protege contra el despido arbitrario porque no cumple el fin disuasorio de ser un costo económico para el empleador. La estabilidad en el empleo va a ser afectada y será más fácil despedir. Es probable que el principio constitucional de condiciones dignas y equitativas de labor, de igualdad ante la ley y de progresividad, se vea aún más afectado.
-¿Ve riesgo de precarización o un horizonte de mayor formalización?
-Los trabajadores con relaciones laborales vigentes pierden muchos derechos y se flexibilizan otros; no cabe duda de que se los perjudica. Desde otra perspectiva, para los trabajadores no registrados o que se incorporen al mercado laboral, podría llegar a haber un beneficio, ya que la baja de costos facilita la contratación.
Pero el ejemplo reciente del trabajo en casas particulares demuestra que la formalización no depende solo de la facilidad o el costo. El tema requiere abordaje interdisciplinario y un cambio cultural.
-¿La reforma por sí sola puede generar empleo o eso depende principalmente del contexto económico?
-El contexto de crecimiento económico es clave para generar trabajo. Como operador del derecho laboral desde hace más de 20 años, veo que estas reformas buscan alejar al trabajador de su abogado. No es el primer embate de la política contra los llamados “costos laborales”.
“Los trabajadores con relaciones laborales vigentes pierden muchos derechos y se flexibilizan otros; no cabe duda de que se los perjudica”.
Esto deja un mensaje para el trabajador: que no analice su situación de despido, accidente o enfermedad desde simpatías políticas o ideológicas, sino que haga analizar su caso por un abogado laboral. El trabajador entrega gran parte de su vida al proyecto del empleador, muchas veces expuesto a un deterioro físico y mental. El empresario arriesga capital; el trabajador arriesga lo único que tiene: su cuerpo y su tiempo.
No hay muchas oportunidades en la vida de un trabajador de hacerse de una indemnización que pueda proveerle un capital para comprar un bien durable como un auto o un terreno. Vale la pena consultar e informarse de sus derechos con su abogado de confianza.
“Buscan debilitar derechos y poder sindical”
Carlos Gutiérrez, secretario general de la CGT de la seccional Escobar-Campana-Zárate, analiza el impacto de la crisis industrial y la reforma laboral desde una mirada sindical con anclaje regional.
Trabajador de la planta de Toyota desde hace más de 30 años, cuenta además con casi dos décadas de trayectoria en el sector gremial, desde donde advierte sobre el deterioro del empleo, el avance de las importaciones y el retroceso de derechos laborales en el cordón industrial del norte bonaerense.
-¿Cómo está hoy el empleo industrial en Escobar?
-Escobar no escapa a la realidad del país. Nuestra jurisdicción sindical abarca desde Escobar hasta Zárate, Baradero, Campana y Exaltación de la Cruz, con un fuerte cordón industrial en toda la zona costera del río. Lo que pasa en una ciudad impacta directamente en las demás. El caso de FATE, aunque esté en San Fernando, nos pega de lleno. Estamos hablando de más de mil familias de manera directa y de muchas más de forma indirecta, porque una empresa grande mueve fletes, servicios, comercio, transporte y consumo. Cuando una industria de ese tamaño se detiene o cierra, el impacto social es enorme. En Escobar también lo vemos con despidos más pequeños pero constantes, un goteo que anticipa un final anunciado en muchos sectores.
-¿Tienen registro de suspensiones, despidos o reducción de horas en el distrito?
-No hay hoy una estadística unificada. Cada organización sindical maneja sus propios datos según el rubro, pero lo que vemos es una caída exponencial. La industria se está deteriorando muy rápido y eso arrastra al consumo en general: ropa, servicios, gastronomía, entretenimiento. El golpe es directo y cada vez más fuerte. Los números que estamos viendo superan a crisis anteriores, que al lado de esta parecen menores.
-¿La apertura de importaciones ya está afectando puestos de trabajo? ¿En qué rubros?
-Sí, claramente. La apertura indiscriminada de importaciones es un cóctel explosivo en un país empobrecido, con dólar atrasado y sin un proyecto industrial. No se trata de una competencia leal. Abrirle la puerta de golpe a China, Estados Unidos, Europa o incluso Brasil es un industricidio. A corto plazo puede ordenar la macroeconomía, pero a los trabajadores nos destruye. En la zona de Zárate y Campana, el sector automotriz y autopartista ya está muy afectado, y Escobar está en el medio de ese entramado. Se alteran planes de producción, se reducen turnos y muchas empresas se reconvierten en importadoras, licuando puestos de trabajo y antigüedades.
“El caso de FATE, aunque esté en San Fernando, nos pega de lleno. Cuando una industria de ese tamaño se detiene o cierra, el impacto social es enorme”.
-¿Qué sectores están más vulnerables en la región?
-Todos los sectores son vulnerables, aunque algunos tienen más espalda que otros. El automotriz está en plena reconversión y muchas pymes pasan de producir varios productos a fabricar solo los más rentables, importando el resto. El negocio se adapta rápido, pero los trabajadores quedan afuera. En ese contexto aparece la presión empresaria para avanzar con una reforma laboral que facilite despidos y reduzca costos, sin ninguna red de contención para el sector trabajador.
“La reforma va claramente en contra de los intereses de los trabajadores. Todo apunta a debilitar al trabajador y facilitar la precarización”.
-¿Qué puntos de la reforma considera más perjudiciales para los trabajadores?
-La reforma, tal como está planteada, va claramente en contra de los intereses de los trabajadores. Se habla de flexibilidad, pero no de una flexibilidad negociada ni consensuada. Hay mecanismos que podrían discutirse si existiera diálogo real, pero acá se avanza sin el sector sindical. El Fondo de Asistencia Laboral, por ejemplo, implica que el trabajador aporte dinero para que luego se lo despida. Es absurdo. Además, se desfinancia el sistema previsional y se limitan derechos básicos. Todo apunta a debilitar al trabajador y facilitar la precarización.
-¿Cree que esta reforma busca modernizar el sistema laboral o debilitar el poder sindical?
-Claramente busca debilitar derechos y poder sindical. No se trata de nivelar hacia arriba, incorporando a quienes hoy están en la informalidad, sino de nivelar hacia abajo. En vez de blanquear y proteger, se recortan derechos a los pocos trabajadores que aún están registrados. Se restringe la judicialización, se limita el derecho de huelga y se deja al trabajador más expuesto al abuso. Sin proyecto productivo y con apertura indiscriminada, el escenario que se viene es muy oscuro. Lo que están haciendo es destruir todo.
