Sin culpables ni inocentes

Por Redacción

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Por CIRO D. YACUZZI
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A mediados de mayo de 2007, toda la prensa del país hablaba de Escobar ante la resonante noticia del escándalo en la Escuela Técnica N° 1. El primer impacto fue la difusión de fotos donde profesores y alumnas posaban sin ropas y en situaciones sexuales. A eso le siguió una auditoria que reveló supuestas irregularidades administrativas como la conformación de una asociación civil que funcionaba en el colegio y cuya actividad parecía destinada al lucro individual de sus integrantes, todos ellos docentes de la institución. Además, se descubrieron supuestos manejos incorrectos y faltantes de dinero en la asociación cooperadora. Como consecuencia de estas y otras aparentes anomalías, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) desplazó a 27 profesores y dispuso la intervención del establecimiento. A dos años de todo esto, sin embargo, las causas abiertas en la fiscalía parecen tener por único rumbo el archivo, mientras que en La Plata todavía no se resolvió la suerte de ninguno de los sumariados.

Fue a partir de denuncias anónimas recibidas en abril de 2007 por correo electrónico que la DGCyE, en ese tiempo a cargo de la licenciada Adriana Puiggrós, puso bajo la lupa al instituto que lleva el nombre del capitán de navío Hipólito Bouchard. A un mes de las primeras indagaciones, la funcionaría convocó a su despacho a algunos medios de prensa para dar la versión oficial de lo que estaba pasando en Escobar.

“Se han enviado tres causas a la justicia: la primera referida a los presuntos delitos de orden sexual y de abuso de menores cometidos adentro de la escuela, que consideramos que son una consecuencia de la corrupción que existía en el estableci­miento; la segunda, es la de una asociación presuntamente ilícita que funcionaba en la escuela y que prestaba, entre otros, servicios educativos en horas de clase; y la tercera, es con relación a irregularidades administrativas en el funcionamiento de la cooperadora, donde se encontró un faltante de, por ahora, $59 mil de 2006″, detallaba por aquellos días Puiggrós.

Caso por caso

De los hechos denunciados, ninguno impactó más en la opinión pública que las fotos de contenido sexual entre profesores y alumnas. De esto, algunos medios nacionales llegaron a instalar versiones descabelladas al mencionar que se trataba de “escenas de sexo explícito” y otras exageraciones por el estilo. En efecto, lo que se podía apreciar en esas imágenes era a dos chicas menores de edad posando ligeras de ropa o sin ninguna prenda, modelando o a una de ellas sobre un escritorio junto a dos adultos desnudos.

De la investigación se desprendió luego que esos hombres eran, presumiblemente, los profesores Daniel Costa y Sandro Zink, quienes por ese motivo fueron separados de sus cargos, al igual que Eduardo Grattón, el supuesto fotógrafo, según las versiones.

También se vieron inmediatamente arrastrados por este escándalo el director y el vicedirector del establecimiento, Carlos Rombolá y Jorge Zayas, “en la inteligencia de que se habría violentado la vigilancia, orden y decoro de la institución ya sea por acción u omisión de los responsables máximos del colegio”, explicaron desde La Plata. En el mis­mo contexto, se ordenó además un sumario contra la inspectora distrital, Viviana Otegui, «por no ejercer debidamente su rol de supervisión”.

En segundo lugar, y a raíz de su tarea investigativa, la Dirección de Auditoría General de la cartera educativa bonaerense detectó la existencia de una asociación civil denominada Instituto Superior Tecnológico «Hipólito Bouchard”, constituida en julio de 2004, cuyos integrantes eran “en su totalidad” docentes de la escuela, casi todos del área Taller, y que estaba presidida por el director Rombolá. Puiggrós dispuso un sumario administrativo disciplinario contra todos ellos, ya sea que figuraran como socios fundadores o integrantes de la comisión, y los desplazó de sus cargos. Entre los nombres más conocidos de esa nómina estaban -además de Rombolá, Zayas y los ya también nombrados Zink, Costa y Grattón- el ex director Rubén Blanco, el otrora regente Emilio Ulloa y su hijo Maximiliano.

«Según consta en las denuncias de numerosos padres, en esa institución educativa trabajaban docentes de los talleres que en las horas de clase dejaban a los chicos solos, o con algún alumno mayor, y en ese tiempo prestaban servicios a contratantes externos. Supuestamente esta empresa tenía cuantiosos fondos, algunos de ellos derivados a la escuela y otros que, presuntamente, eran apropiados por los componentes de la asociación. Es un claro ejemplo de corrupción, donde con fondos públicos se buscan beneficios de orden privado, y una muestra de lo que se denomina escuela empresa”, sentenció en julio de 2007 la funcionaría del entonces gobernador Felipe Solá.

“En la misma investigación administrativa se recogieron importantes pruebas con respecto a intimidaciones que algunos docentes ejercían en los actos públicos contra docentes que pretendían acceder a determinados cargos en la escuela”, añadía el informe oficial de esos días. Al ser individualizados en estos actos se iniciaron sumarios contra cuatro docentes, entre ellos nuevamente Rombolá y Zayas. Simultáneamente, también fueron separados y sumariados administrativamente los jefes de taller Emilio Ulloa y Raúl Morales, “al conocerse irregularidades como ausencia de registro de firmas, inexistencia del libro de temas, reiteradas denuncias de los padres en cuanto a las ausencias o salidas anticipadas de los profesores que debían dictar clases, sin autorización ni justificativo aparente», se argumentó. Por último, desde la misma investigación administrativa se realizó una auditoria en la asociación cooperadora de la escuela, “encontrándose también serias irregularidades”. Por ejemplo, un faltante de 59 mil pesos correspondiente al ejercicio 2006.

Dos años después

Con fecha 28 de mayo de 2008, la fiscal Irene Molinari decidió archivar la causa del presunto abuso sexual debido a que “no se pudo acreditar que haya habido un delito”. La investigación que realizó la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 a su cargo, no obstante, llegó a una conclusión sobre la verdad de los acontecimientos.

Según constancias que obran en el expediente judicial 3.388/07, iniciado el 11 de abril de 2007, una de las dos secuencias fotográficas se desarrolló en la oficina técnica del colegio -un sillón delató el lugar-, mientras que la otra transcurrió en una consultoría de Pilar. Ambos encuentros sucedieron en 2005, cuando las chicas que aparecen en las fotos eran alumnas del colegio y tenían 16 y 17 años.

“Ellas, en sus declaraciones, reconocieron haber prestado consentimiento para esas fo­tos y no denunciaron abusos ni nada por el estilo. Lo que surgió es que hubo un presunto engaño, ya que a cambio los profesores les habrían prometido un trabajo como promotoras o en una agencia de modelos“, señaló a DIA 32 la fiscal Molinari. Y agregó: “De todo lo demás que se habló en aquel momento no se aportaron elementos serios ni contundentes, como tampoco testigos. Fueron todos rumores”.

Asimismo, la causa 4.235/07, originada el 15 de junio de 2007, tampoco logró arrojar luz sobre las sospechas de irregularidades cometidas bajo el paraguas de la asociación civil que funcionaba en el colegio. “No se pudo acreditar nada”, volvió a explicar la fiscal, quien dejó entrever que este frondoso expediente -de tres cuerpos- tendría igual destino que el anterior ya que “no se comprobó que (los docentes denunciados) obtuvieran réditos personales en perjuicio de la institución”. Finalmente, el sumario mediante el que se investiga el funcionamiento de la cooperadora está detenido en una pericia contable, cuyos resultados serían definitorios para la resolución del caso, que en su carátula lleva el número 4.378/07.

Mientras tanto, todos los sumarios administrativos se encuentran bajo la órbita de la Dirección de Coordinación Legal y Técnica de la DGCyE, que por ahora no resolvió ninguno. Así lo confirmó a DIA 32 el inspector regional Rubén Luna -vocero de Puiggrós en la Técnica durante la intervención-, quien sostuvo que las distintas investigaciones “se siguen llevando adelante”, aunque reconoció que “lentamente” y lo lamentó. «Estamos todos muy preocupados en la resolución de ese conflicto. En lo personal, me preocupa por toda la gente que fue desplazada a la que no se le define su situación”.

Así las cosas, entre quienes declaman su inocencia, quienes reconocen culpas en la intimidad y aquellos que prefieren no recordar su pasado, no hay por ahora diferencias. Todos, los 27, siguen en un mismo plano: bajo sumarios, apartados de sus cargos -la mayoría fueron reubicados, dos se jubilaron y otros tomaron licencia- y sospechados hasta que se demuestre lo contrario.

Si la justicia es lenta pero siempre llega, será cuestión de más tiempo aún para distinguir a unos de otros.

“No sé si volvería”

A días de su desplazamiento. Carlos Rombolá fue transferido a la Escueto Media Nº 2 de Matheu, donde debió soportar la desaprobación de quienes serían sus nuevos compañeros de tareas. Para resolver esa situación, la Subsecretaría de Educación bonaerense le otorgó la “suspensión preventiva”. Es decir, no tiene designado un lugar de trabajo, pero continúa cobrando el mismo sueldo que cuando era director.

En la actualidad, Rombolá se desempeña desde hace un año como asesor en tecnología en el Instituto Nicolás Avellaneda de Ingeniero Maschwitz, al que le factura sus servicios de tiempo parcial. Sugerir y realizar adquisiciones de equipamiento informático, man­tener equipos y páginas web son algunas de sus tareas cotidianas en esa institución educativa.

Por indicación de su abogado, el docente se excusó de dar una entrevista aunque dialogó con DIA 32 “Si pudiera, no sé si volvería. Una parte de mi me dice que no, pero la verdad es que no lo sé. Seguramente no lo haría como director, pero quizás pudiera ser a mi cargo de base como docente. Igual, aunque lo pensé, no tomé una decisión», comentó.