Más de treinta profesores fueron desplazados en mayo de 2007, por supuestos abusos sexuales e irregularidades administrativas. A la fecha, dos de las tres causas judiciales fueron archivadas. Y en La Plata todos los expedientes siguen pendientes de resolución.

Por CIRO D. YACUZZI
cyacuzzi@dia32.com.ar

De los sucesos ocurridos en los últimos años en el partido de Escobar, pocos tuvieron tanta repercusión nacional como el escándalo en la Escuela Técnica Nº 1 Más de treinta profesores desplazados, entre ellos los que integraban su equipo directivo, y la intervención del colegio fueron las consecuencias casi inmediatas que arrojó una auditoría provincial iniciada por graves denuncias anónimas vía correo electrónico. Sin embargo, ninguno de los involucrados ha recibido aún una sanción penal o administrativa. Lejos de eso, dos de las tres causas abiertas en la fiscalía ya están archivadas, mientras que en La Plata no hay ningún sumario definido.

Un simple ejercicio de la memoria permite recordar cómo en aquellos días de mayo de 2007 pululaban por televisión y en la web las fotos de docentes y alumnas sin ropa en escenas sexuales. Se hablaba de corrupción de menores, pero la investigación judicial concluyó que no había ocurrido delito alguno.

“Ellas reconocieron haber prestado consentimiento para esas fotos y no denunciaron abusos ni nada por el estilo. Sí hubo un presunto engaño, ya que los profesores, a cambio, les habrían prometido trabajo como promotoras. Todo lo demás que se habló fueron rumores», explicó a DIA 32 la fiscal Irene Molinari, que el 28 de mayo de 2008 pasó el expediente al archivo.

En la esfera administrativa, el expediente tampoco dictó sentencia. “Menos Sandro Zink, los otros profesores involucrados, Daniel Costa y Eduardo Grattón, ya se jubilaron”, aseguró a este medio una fuente del caso.

Pero esas comprometedoras fotografías eran, según se supuso después, apenas la punta del iceberg. Cerca de treinta docentes fueron desplazados en cuestión de semanas cuando el colegio quedó intervenido por la Dirección General de Escuelas, en ese entonces a cargo de Adriana Puigggrós. Se había detectado la existencia de una asociación civil presuntamente ilícita, conformada en 2004 por directivos y profesores de la institución con supuestos fines comerciales.

Pero el 24 de junio de 2009 esta causa también pasó al sótano del ministerio público fiscal. “De lo que realmente se denunció no se pudo comprobar que hayan existido conductas de relevancia penal ni ningún tipo de perjuicio para la escuela”, esgrimió la fiscal Molinari.

En la Dirección de Coordinación Legal y Técnica de la Dirección General de Escuelas, en tanto, siguen pendientes de definición todos los sumarios y presumarios de quienes integraban la asociación denominada Instituto Superior Tecnológico “Hipólito Bouchard”. Y lo mismo sucede con los expedientes originados por las supuestas irregularidades en la administración de la asociación cooperadora de la Técnica.

Mientras se levantaban las tapas de estas cacerolas, el vocero de Puiggrós en la Técnica era el profesor Rubén Luna, actualmente jefe de inspectores de la Región Educativa XI, de la que forma parte Escobar, quien se apena de que todo haya quedado en la nada. “En este último año no supe de ningún avance, lo cual lamento en lo personal por toda la gente que fue desplazada, a la que no se le define su situación», le dijo a DIA 32.

Con culpables y algunos inocentes metidos en la misma bolsa, el resonante caso de la escuela pública más grande del distrito mantiene su verdad oculta en algún escritorio.

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