Los colectiveros, cansados de agresiones, pusieron la problemática en el tapete. Se tomaron medidas, pero ninguna apunta a cumplir el decreto que prohíbe la admisión de menores de 18 años.

Durante todo el mes de agosto, el tema recurrente, en distintos ámbitos de la comunidad, fue la violencia a la salida de los boliches. A nivel local, el problema, según casi todos los diagnósticos, es causado por menores alcoholizados que se descontrolan hasta perder todo tipo de límites. Para muchos, hallar una solución es materia compleja. Para otros, solo depende de una decisión política: hacer cumplir la ley.

Los reiterados incidentes -algunos muy graves- que ocurren en las madrugadas y amaneceres de los fines de semana fueron públicamente denunciados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ante la acumulación de casos de colectiveros insultados, amenazados y hasta agredidos por jóvenes pasajeros, visiblemente alterados, que subían a las unidades en la terminal de Escobar.

El gremio llevó su reclamo de garantías al extremo de interrumpir el servicio de transporte entre las 0 y las 8 del fin de semana largo -15 al 17 de agosto-, no solo para resguardar la integridad física de los choferes sino también para presionar a las autoridades municipales a tomar medidas efectivas y urgentes.

“No queremos llorar sobre un cajón la muerte de un compañero”, manifestó Manuel Ibáñez, adscripto al consejo directivo nacional de UTA, en una de las reuniones que se realizaron en el Concejo Deliberante y de las que participaron, además del gremio, funcionarios comunales, jefes policiales del distrito, concejales y empresarios de la nocturnidad y del transporte.

De esa serie de reuniones surgieron las siguientes decisiones: que los locales nocturnos contraten cuatro colectivos para descomprimir los servicios de línea; reforzar la presencia y el control policial en la terminal y adyacencias; que las empresas instalen boleterías para que todos los usuarios suban al colectivo boleto en mano y previa requisa. Los resultados de estas acciones, en lo inmediato, redujeron los niveles de violencia. Sin embargo, una cuestión de fondo quedó sin abordar: pese a la prohibición que rige en la provincia a través del decreto 605/2001, los menores podrán seguir ingresando a discos, confiterías, pubs y bares.

En este punto, es notable la contradicción en la que incurre el Municipio, que en noviembre del año pasado dispuso que los locales nocturnos no podrían admitir el ingreso de menores de 18 años y deberían cerrar a las seis de la mañana, a más tardar. Los que conocen la nocturnidad escobarense saben, y además es vox pópuli, que los menores concurren masivamente a dos boliches: «Cálix” y “Místico”. Este último, ubicado sobre la calle Colón, frente al campo de la estación, cuenta a su favor con que la mayoría de sus habitués pertenecen a familias de clase media, por lo que usan autos particulares o remises y no tienen nada que ver con las hordas iracundas que asolan en la terminal.

La disco que está frente al Palacio Municipal, en cambio, es epicentro de los peores conflictos. Por lo expuesto, el problema no parece estar siquiera en vías de solución con las medidas implementadas hasta ahora. Por eso, el Foro Vecinal de Seguridad de Escobar decidió involucrarse de pleno en la temática, a partir de un debate amplio y el análisis de la cercana experiencia de Zárate, donde los disturbios se terminaron con la rigurosa aplicación de la ley. Allí, por ejemplo, de 19 a 1 se organizan matinés para los menores, sin venta de alcohol; todos los locales cierran a las 4.30 y, para más, se hacen controles de alcoholemia a los conductores particulares. “Cuando se trabaja en serio, la solución es simple. No hace falta dictar nuevas disposiciones, esto se resuelve con decisión política, cumpliendo lo que está escrito. La ecuación es fácil: a mayor legalidad, menos problemas”, concluyó el presidente del Foro, Juan Butori, en declaraciones a DIA 32.

No se trata, en definitiva, de aplicar fórmulas de mano dura ni de criminalizar a la juventud. La cuestión, básicamente, pasa por hacer cumplir la ley, en lo cual el Estado no puede delegar ni evadir su responsabilidad primaria, sean de quien fuesen los intereses que afecte.

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