Por MARCOS B. FEDERMAN
mfederman@dia32.com.ar
Los celulares participan de la vida cotidiana de casi todos los argentinos, a tal punto que es difícil imaginar cómo era posible que funcionara un mundo sin esos aparatitos. Nuestra sociedad es una de las más fanáticas: en la actualidad hay más de 60 millones de teléfonos portátiles en un país con 40 millones de habitantes.
Las ondas electromagnéticas atraviesan el aire constantemente y poco se sabe acerca de las consecuencias que esto puede traer para la salud humana. En los últimos años empezaron a sonar voces de preocupación, sobre todo de organizaciones ambientalistas en todo el mundo, y también en Escobar. Hay proyectos para regular la actividad, pero su aprobación es incierta.
Más señal, menos salud
La proliferación de antenas de telefonía en todo el partido de Escobar ha ido en aumento progresivamente. Hace tiempo había zonas alejadas donde no había señal y los celulares se volvían inútiles, pero hoy se puede hablar desde prácticamente cualquier punto del distrito sin inconvenientes. Esto, claro está, es debido a la cantidad de antenas instaladas.
El Instituto de Ingeniería Eléctrica de los Estados Unidos (Institute of Electrical and Electronics Engineers o IEEE) ha realizado investigaciones donde concluye que la radiación provocada por la telefonía celular y la Internet inalámbrica son dañinas para la salud. No sólo eso: el informe asegura que las ondas GSM (el standard usado por los teléfonos móviles) y WLan (wi-fi) afectan el cerebro con más fuerza que cualquier otra parte del cuerpo.
La pregunta es obligada: ¿Afectan verdaderamente la salud estas radiaciones o es pura especulación paranoica? La respuesta no es tranquilizadora. Según la IEEE, la cantidad de casos de cáncer es más alta cuanto más cerca se está de la antena.
Austria está a la vanguardia en el tratamiento e investigación de esta problemática. En junio de 2000, la ciudad de Salzburgo fue sede de la Conferencia Internacional de Ubicación de Antenas de Celulares, donde se estableció que la fuerza de las ondas emitidas por estas antenas debe ser menor a 0,1 microvatio. En Argentina, sin embargo, se permite que emitan una radiación de 950 microvatios. Es decir, casi 10.000 veces más.
Pero no es esa la única diferencia que existe entre la realidad local y la de los países más avanzados en la morigeración de estos impactos sobre la salud de la población. En Austria no se permite instalar antenas a menos de 500 metros de los habitantes, mientras que en Escobar el tema no está regulado. De hecho, abundan casos de torres instaladas al lado de viviendas o apenas a metros de establecimientos educativos.
Argentina carece de una ley nacional que regule adecuadamente la instalación de antenas y los requisitos que las empresas deberían cumplir para colocarlas, a fin de proteger la salud pública y el medio ambiente. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) deja esta ardua tarea en manos de cada municipio.
Daños múltiples
El primer estudio que alertó sobre las consecuencias de la radiación de ondas electromagnéticas como las emitidas por las antenas de telefonía celular fue realizado por el estadounidense William Ross Adey, en 1982.
A él le siguieron decenas de estudios de universidades, organizaciones no gubernamentales y organismos de distintos países donde concluyen que estas radiaciones pueden provocar esterilidad masculina, tumores, leucemia, malformaciones genéticas, pérdida de memoria y capacidad de aprendizaje en niños de edad escolar, así como deterioros en el sistema nervioso, entre otros tantos posibles daños irreversibles.
Frente a esto, en nuestro país, las antenas de telefonía celular continúan su proliferación como si fueran flores brotando en primavera.
“Hay tecnología para disminuir el impacto de las frecuencias a niveles menos perjudiciales, pero las empresas no las aplican por razones económicas. Estas tecnologías se usan en Europa y sólo cuestan un 20% más de las que se usan hoy en día. En las empresas saben que la gente muere a raíz de las antenas, pero no les importa”, sostiene Viviana Rebasa, de la Asociación Ambientalista de Escobar (AAPE).
Resistencia ciudadana
Desde hace un tiempo, y particularmente en los últimos dos meses, distintos sectores de la comunidad han manifestado públicamente su preocupación por la amenaza que estas antenas pueden representar para la salud de los ciudadanos.
El primer antecedente ocurrió en Garín, donde los vecinos protestaron y lograron el desmantelamiento de una torre instalada en el cuartel de Bomberos Voluntarios. Ahora, en los barrios Villa Alegre y El Cazador se da una situación de similares características: sus habitantes rechazan la instalación de antenas de telefonía móvil en zonas residenciales. Una curiosidad que se da con las últimas torres que aparecieron en Belén de Escobar es que se encuentran camufladas como tanques de agua, vaya a saber por qué razón.
Con el asesoramiento de la Asociación de Abogados Ambientalistas y de AAPE, los vecinos de los barrios mencionados firmaron un petitorio en reclamo del desmantelamiento de las nuevas antenas. El documento fue entregado en el Municipio y dio inicio a los expedientes 136.165 y 136.166.
El 15 de diciembre de 2010 la Defensoría del Pueblo de Escobar exhortó a las autoridades municipales a “denegar el permiso para la instalación de las antenas” en el barrio de Villa Alegre y a “consecuentemente, cursar la debida intimación de desmantelamiento de las mismas”.
Con posterioridad a esa resolución, el Municipio colocó fajas de clausura en algunas torres, aunque ello no implicaría que sean desactivadas definitivamente. “Esto se debió a un relevamiento general, tras el cual se intimó a las empresas a que presenten toda la documentación requerida para obtener la habilitación. A partir de ahí se evaluará caso por caso, porque hay varios”, explicó una fuente oficial a DIA 32, que intentó sin suerte conseguir declaraciones formales de algún funcionario.
Poner reglas
El bloque de concejales de la Acción Vecinal de Escobar (AVE) presentó en diciembre un proyecto de ordenanza que propone pautas para regular la presencia de antenas de telefonía móvil en el distrito.
La iniciativa busca ordenar “el registro, localización, emplazamiento, factibilidad, habilitación, instalación, mantenimiento y desmantelamiento de antenas destinadas a la transmisión de radiofrecuencias para la prestación de servicios de radiocomunicaciones, telefonía celular, wi-fi, radiodifusión y televisión”.
El presidente de la bancada vecinalista, Alejandro Fedeli, no dudó en calificar de “revolucionario” a ese proyecto, porque “basándose en el Principio Precautorio, solicita cosas que se piden en Austria y otros países que están a la vanguardia en estos temas. Por ejemplo, que las antenas se instalen a más de 500 metros de hospitales y escuelas, al tiempo que exigimos que las antenas emitan una radiación 10 mil veces menor de lo que emiten hoy”, explicó a esta revista.
Como ocurre con todas las propuestas legislativas –más aún las presentadas por los bloques minoritarios-, su sanción como ordenanza dependerá que de exista voluntad política suficiente en los concejales y el Departamento Ejecutivo, algo de lo cual aún no hay certezas.
“Esto también debería servir a los funcionarios, porque ante la falta de una ordenanza que regule la actividad, en caso de que haya un juicio por algún caso de cáncer, los responsables serán los que pusieron la firma para aprobar la instalación de las antenas”, advirtió el concejal de AVE.
El Concejo Deliberante retomará sus actividades regulares a partir de la primera semana de abril y Fedeli tiene la esperanza de que el proyecto sea aprobado en ese momento. “Hay que dejar de lado el partidismo, porque ésta debería ser una preocupación de todos. Seas concejal del oficialismo o de la oposición, sos un ser humano. Y el cáncer no distingue colores partidarios”.
Chau cabinas
El furor por los celulares convirtió en vetustos y poco útiles a los teléfonos públicos, de los que apenas quedan rastros en una ciudad donde antes se los encontraba en cada cuadra.
Durante el mes de enero, la empresa Telefónica decidió retirar las cabinas que tenía en Belén de Escobar “argumentando que han dejado de ser rentables por su bajo tráfico y los elevados costos de mantenimiento”, según publicó la página de noticias Escobar News.
Celulares, tabaco y petróleo
La laxa o ausente regulación de las antenas de telefonía celular e Internet inalámbrica es un problema en Escobar, en la provincia de Buenos Aires y en el país entero.
Cientos de estudios de organizaciones no gubernamentales y universidades en todo el mundo concluyen que las ondas electromagnéticas que hacen posible esta Era de las Comunicaciones dañan fuerte e irreversiblemente la salud de la población. ¿Por qué no son suficientes estos argumentos para forzar a los gobiernos a regular la actividad y proteger a sus ciudadanos?
La respuesta es que las grandes empresas de telecomunicaciones financian sus propios estudios, en los que gastan cientos de miles de dólares para que científicos muy bien remunerados digan que no hay razones suficientes para asegurar que la radiación de las antenas de las empresas causa enfermedades.
Siempre que la protección de la salud pública podría afectar las arcas de las grandes empresas, éstas financian estudios que las favorecen en detrimento de la población.
La industria del tabaco gastó millones de dólares durante muchísimos años para que científicos contratados dijeran que no estaba comprobado que fumar causara cáncer.
Las petroleras gastan millones de dólares en la actualidad, financiando investigaciones que sospechosamente concluyen que no está comprobado que exista realmente un cambio climático causado por la contaminación producida por el uso de energías no renovables como el petróleo.
En este caso, existe un debate en la comunidad científica acerca de un tema específico, como es el daño a la salud que pueden provocar las antenas de celulares. Las investigaciones de las ONGs señalan el peligro, mientras que las investigaciones encargadas por las empresas de telecomunicaciones dicen que no existen tales riesgos.
¿Qué debe hacer el Estado ante este panorama? La Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo, conocida más comúnmente como “Cumbre para la Tierra”, fue llevada a cabo en 1992 en Brasil. Allí fueron aprobados por 178 gobiernos, incluida la Argentina, diversos documentos, entre los cuales estaba la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo, donde se establecen los derechos y deberes de los estados nacionales con respecto al cuidado de la salud de los habitantes y del medio ambiente en general.
Nuestro país asumió el compromiso con la comunidad internacional de respetar el llamado Principio Precautorio. Esto significa que cuando haya un debate científico en torno al daño potencial que una actividad pudiera tener con respecto al medio ambiente o la salud pública, se tomarán las medidas necesarias para prevenir un potencial daño irreversible.
En este caso, la implementación de un marco regulatorio para proteger a la población de potenciales efectos nocivos como los que representan las emisiones electromagnéticas es responsabilidad de los gobiernos (nacional, provincial y municipal). Sin embargo, las autoridades aún no han dado muestras cabales de abordar esta problemática en su entera dimensión.
