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LAS CASITAS PROMETIDAS

A medio terminar

En abril de 2009, el ministro De Vido anunció la construcción de 274 viviendas en Maquinista Savio, un paliativo a la emergencia habitacional del distrito. Pero pasaron más de tres años y las obras recién van al 50%. ¿Cuándo estarán listas y cuánto costarán?

Por CIRO D. YACUZZI
cyacuzzi@dia32.com.ar

Hacía relativamente poco que el gobierno municipal se había cambiado la camiseta del pattismo por la del kirchnerismo cuando el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, desembarcó en el partido de Escobar para anunciar un blindaje de obras públicas por más de 100 millones de pesos. Entre ellas, la construcción de 274 viviendas sociales en la localidad de Maquinista Savio. Más de tres años pasaron desde aquel 30 de abril de 2009, pero la solución habitacional prometida sigue pendiente.

Según los tiempos pautados en los pliegos de la licitación adjudicada a Grupo Constructora SRL, las 274 viviendas tendrían que haber estado listas a fines del año pasado. Sin embargo, sucesivos cortes en la cadena de pagos atrasaron los trabajos a punto tal que hoy recién están por la mitad. Al paso que avanzan, se calcula que los cinco emplazamientos -o módulos- que conforman el complejo habitacional recién podrían estar terminados en el primer semestre de 2013.

La construcción es financiada con fondos que la ANSES transfiere al Ministerio de Planificación, que a su vez los deriva al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para que los deposite en una cuenta especial del Municipio en el Banco Provincia. El monto total de la inversión supera los 31 millones de pesos.

El predio, de 12 hectáreas, está en los fondos del barrio Amancay, sobre la calle El Ceibo, al lado de la escuela diferencial 502 y a unas 15 cuadras de la ruta provincial 26. A primera vista, a pesar del alambrado perimetral que lo resguarda, el lugar parece abandonado: los pastos están altísimos y cuesta divisar en el horizonte a un puñado de albañiles que trabajan pausadamente. También parecen menos de 274 viviendas, pero es porque hay dos por techo, un ardid arquitectónico eficaz para optimizar recursos pero quizás no muy conveniente para la convivencia vecinal. Pero ese es otro tema. Del lado de las vías, un asentamiento de medio centenar de casillas que se instaló hace tres meses, casi como al acecho, completa el paisaje.

Grupo Constructora empezó a trabajar en el lugar en noviembre de 2010, con un plazo de ejecución a cumplir de 300 días. Al principio, el número de albañiles triplicaba al actual, pero fue disminuyendo progresivamente. Rafael Nicolino es el encargado de la obra y le explica a DIA 32 que en el centro del predio se encontraron con problemas imprevistos en el estado del suelo. “En uno de los cinco módulos había una especie de zanjón. Hubo que rellenar con tosca y hacer desvíos. Eso nos demoró bastante”.

Además, como suele ocurrir en estos proyectos de largo plazo, la cadena de pagos no funcionó aceitadamente y sufrió varios cortes. Los responsables de habilitar los fondos señalan a la empresa por no certificar en término los avances de la obra. También influyó que con el paso del tiempo algunos precios debieron redeterminarse.

Cada unidad habitacional tendrá 48 metros cuadrados: dos dormitorios, un baño y un ambiente que es living, cocina y comedor a la vez. Podrán vivir, en condiciones aceptables, hasta 4 personas. Quince de las 274 viviendas se destinarán exclusivamente a familias con personas con discapacidad motriz. Pero aún no fueron construidas porque se tuvo que modificar el plano original con las adaptaciones necesarias y no están aprobadas. A este paso, Nicolino calcula que podrán llegar con todo “para la primera mitad del año que viene”.

El futuro vecindario ya tiene nombre. Se llamará “Barrio de la Memoria, la Verdad y la Justicia”. Y las calles, espacios públicos y establecimientos comunitarios que se erijan en él serán designados con los nombres de escobarenses desaparecidos por el terrorismo de Estado de la década del ’70. Así lo dispone una ordenanza sancionada en diciembre de 2011 por el Concejo Deliberante.

Pero para que las viviendas y el barrio sean habitables faltan otras obras. La perforación y la conexión domiciliaria de agua potable, la red de cloacas, las instalaciones eléctricas y la iluminación del predio son las más importantes. También está previsto que tenga gas natural y asfalto. Pero aún ninguna de esas obras tiene fecha de inicio, según confirmaron desde el Municipio a esta revista.

Por eso, quizás ni siquiera en 2013 la promesa de las 274 viviendas se haya hecho realidad. En definitiva, dependerá del interés político mantener el cansino ritmo actual o acelerar a fondo y acortar los plazos.

A cuánto y para quiénes

Las viviendas no se regalarán. Por el contrario, sus adjudicatarios deberán pagar por ellas cada centavo. Por ende, los interesados deberán demostrar un ingreso mensual estable que les permita acceder al crédito público. El precio de cada unidad habitacional está previsto en $ 115.500, según los valores fijados en el expediente 13.838 y que fueron aprobados por el Concejo Deliberante en julio pasado.

En esa oportunidad, los concejales dieron el visto bueno también a una serie de adendas al plan originario. Entre otras, los planes de financiación no serán de 300 cuotas mensuales -25 años- sino que quedarán a criterio del IPV.

La adjudicación de las viviendas estará a cargo de una comisión mixta integrada por funcionarios municipales y concejales de todos los bloques. Su conformación también está pendiente, porque el Ejecutivo aún no designó a sus representantes. Tampoco se habilitó un registro para que las miles de familias interesadas puedan inscribirse o asesorarse sobre los requisitos. “Se hará cuando el IPV habilite la adjudicación”, explican en la Comuna.

El proceso de adjudicación requerirá, sin dudas, una exhaustiva preselección y ponderación de necesidades. Y, sobre todo, estar exento de cualquier rasgo de favoritismo. En otros municipios se produjeron situaciones realmente escandalosas: en Pinamar, el intendente Blas Altieri benefició a sus dos hijas con una casa. Y en José C. Paz, Mario Ishii también dio rienda suelta al nepotismo.

Sobre este punto, Sandro Guzmán anunció que “la entrega de viviendas se va a hacer de la mejor manera, tratando de atender a quienes más inmediatamente las necesitan”. Lo dijo el 7 de diciembre de 2010, al inaugurar una obra de asfalto en Savio. “Sabemos que son pocas, pero si hacemos seriamente esta primera etapa, si no mezclamos la política en la entrega, vamos a seguir haciendo más”, garantizó aquella vez.

Ante las consultas realizadas para este informe, desde el Ejecutivo ampliaron que “los criterios de adjudicación serán bajo la normativa vigente con la que cuenta el IPV, teniendo en cuenta que la Municipalidad pedirá que se priorice a familias en las cuales haya menores con problemáticas graves de salud”.

¿Es la solución?

La exponencial explosión demográfica del partido de Escobar -el 25º más poblado de la provincia, sobre un total de 135- tiene muchas caras. A nivel inmobiliario, puede verse en contrastes como la escandalosa proliferación de inmensos, medianos y pequeños barrios cerrados, el auge de las torres en el centro de la ciudad cabecera y los cada vez más numerosos asentamientos precarios en las afueras y no tanto de las cinco localidades del distrito.

Está muy claro que estas 274 viviendas no son más que migajas para saciar las necesidades de las aproximadamente cinco mil familias -según estimaciones oficiales- que se encuentran en emergencia habitacional. Entonces, ¿qué pasará con los que no reciban nada?

En el barrio Villa Alegre se está dando un caso conflictivo y, a la vez, ejemplar. Setenta familias se habían instalado a mediados del año pasado en un descampado de dos hectáreas, sobre la calle Beruti. En marzo, el dueño consiguió que la policía lo desalojara, pero volvieron al lugar y hoy están negociando una solución pacífica. Existe la firma posibilidad de que el Estado -nacional o provincial-adquiera esas parcelas, las lotee y se las venda mediante un convenio urbanístico. De hecho, hay antecedentes positivos en otros municipios como Quilmes, Lanús, La Plata y Avellaneda. De darse el caso, esa gente tendrá solucionado su problema primario: la tierra.

Dentro de esa lógica, el concejal kirchnerista José María Rognone, que vive en Maquinista Savio, apunta a buscar soluciones más rápidas y económicas: “No creo que la crisis habitacional que hay en el distrito se solucione con estos planes de viviendas, que implican mucho gasto en obras y cuestan mucho dinero. La gente quiere que le den facilidades para comprar un terreno, porque de la casa se pueden ocupar ellos mismos. Hoy los vecinos alaban a los delincuentes que toman parcelas y después se las venden a bajo precios. Es una locura”, analiza.

Evidentemente, el derecho básico a una vivienda digna invocado en el célebre artículo 14 bis de nuestra Carta Magna no es absoluto ni, mucho menos, universal. Algo, indefectiblemente, deberá cambiar en la acción del Estado para que no siga habiendo tanta gente sin tierra y, a la vez, tanta tierra sin gente.

Villa Alegre: La historia de Eli, su marido y sus ocho hijos

Decenas de personas esperan que su situación se revierta viviendo en tolderías de plásticos y palos de madera en el predio desalojado por la policía en Villa Alegre. Así soportan el frío, la lluvia y las eternas horas de aburrimiento.

Elizabeth y Sergio tienen ocho hijos; el menor de 3 años, el mayor de 19. Llegaron a Escobar desde San Martín hace una década y hasta julio del año pasado rentaban una casita. “Después ya no pudimos pagar más el alquiler, y cuando tomaron este predio me vine para acá. No tenía adónde ir, así que me dieron un pedazo de tierra. Vine sola con los chicos y después vino mi marido. Armamos una vivienda de madera y, mientras, fuimos haciendo el pozo para el agua y los cimientos para construir una casa de material”, le cuenta Elizabeth a DIA 32.

Sergio es techista y ella, ama de casa. “Desde el año pasado cobro el subsidio por ser madre de siete hijos”, dice. Así, recibe mensualmente $1.680 que le alcanzan para alimentarlos y vestirlos.

La ilusión de la casa propia duró hasta que en marzo fueron las topadoras y tiraron todo abajo. “Llegué un sábado y me enteré que el lunes iban a desalojar. Muchos nos quedamos sin dormir, pensando qué íbamos a hacer, porque decían que a las 4.30 de la mañana venían a sacarnos”, recuerda la mujer. Finalmente, el desalojo se produjo durante la mañana del lunes 19.

Desde ese momento viven en la peor de las situaciones. No tienen baño -usan de prestado el de algunos vecinos- y se bañan con agua fría sobre el piso de tierra, en una ducha improvisada con chapas que los protege de las miradas ajenas. Bajo los toldos se acomoda una gran mesa que alberga las pocas pertenencias personales, algunos cacharros de cocina y los ingredientes para el guiso de media tarde, la única comida fuerte del día, que cocinan sobre un fuego a leña.

Elizabeth y sus hijos más chiquitos duermen en una carpa. Los más grandes recurren a los vecinos o se arreglan como pueden.

“Los chicos no están yendo al colegio, se quedan conmigo porque no pueden dejarme sola. No sea cosa que venga la policía a llevarnos por delante y a querer sacarnos de acá también”. Sus hijos más pequeños lloran mucho, preguntan por qué les tiraron abajo la casa. Los más grandes confían en que habrá una solución positiva. Por eso están limpiando el terreno que antes ocupaban y tratando de rescatar todos los materiales posibles para volver a construir. “Siempre les digo que ya va a pasar, que falta poquito para que volvamos a tener un techo”, confía Eli.

Promesas cumplidas

En su visita del 30 de abril de 2009, el ministro De Vido anunció una inversión de más de 100 millones de pesos en obras públicas para el partido de Escobar. A más de tres años, algunas de sus promesas se cumplieron, como la pavimentación de 236 cuadras y la repavimentación de la ex ruta nacional 9 y la ruta provincial 26, Otra, en cambio, se inició a fines del año pasado: la construcción de un hospital de 14.000 metros cuadrados en Garín.

Adjudicaciones escandalosas

Pinamar es un eterno polvorín. A Roberto Porretti lo destituyeron de la Intendencia en 2008 tras ser filmado con una cámara oculta negociando una coima con empresarios de la nocturnidad. Blas Altieri, que había sido su antecesor, ganó las elecciones para sucederlo. Pero en su quinto mandato no consecutivo, el jefe comunal de origen italiano rompió la barrera de la impunidad al adjudicar viviendas sociales a sus dos hijas y a funcionarios de su gabinete. Su destitución, a instancias del Concejo Deliberante, es cuestión de días.

En José C. Paz se dio una situación similar que tuvo por protagonista al entonces alcalde Mario Ishii, quien en 2009 pidió un año de licencia luego de que un informe de Telenoche Investiga revelara que otorgó viviendas para gente necesitada a familiares suyos y de sus funcionarios.

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