En la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Escobar, donde habló durante casi dos horas, el intendente Ariel Sujarchuk dedicó un largo pasaje de su alocución a un tema que, hasta ahora, no había tocado públicamente con tanto énfasis: la generación de microbasurales y el endurecimiento de las multas para quienes arrojan residuos en la vía pública.
Ante los concejales y la militancia que colmó el microestadio de Garín en la tarde del martes 17, Sujarchuk prometió “mano firme contra los que generan basurales y microbasurales”, a quienes definió como “terroristas ambientales que se cagan en la sociedad”. En ese marco, anunció que enviará un proyecto de ordenanza que contempla severas sanciones y hasta el encarcelamiento de quienes incurran en este tipo de conductas.
Además, el intendente anunció la creación de una División Ambiental de la Policía Municipal, al tiempo que convocó a vecinos, organizaciones ambientalistas y al Concejo Deliberante a sumarse a la acción: “Pongámonos la gorra todos y denunciemos a los que contaminan. Terminemos con los microbasurales en cada rincón del partido de Escobar”, instó.
Las fuertes expresiones del jefe comunal tuvieron un disparador concreto: los nuevos incendios intencionales registrados a fines de febrero en un campo de unas 15 hectáreas cercano a la ruta 26, sobre la calle Paraná, en Ingeniero Maschwitz -casi en el límite con Dique Luján-, donde se arrojaban residuos de todo tipo de manera clandestina. Ese episodio marcó un punto de inflexión.
“Pongámonos la gorra todos y denunciemos a los que contaminan. Terminemos con los microbasurales en cada rincón del partido de Escobar”.
Las palabras de Sujarchuk en la apertura del nuevo período legislativo no quedaron en el plano discursivo. En los días siguientes se multiplicaron los operativos, las contravenciones y las detenciones de vecinos por arrojar basura en la vía pública. A la par, el Municipio intensificó la difusión de estos hechos junto a la campaña para promover denuncias vecinales.
Aunque no lo dijo de manera explícita, casi que el intendente declaró a este 2026 como el año de la lucha contra los microbasurales. Al menos en marzo, ese fue el tema dominante en la agenda municipal y todo parece indicar que seguirá siendo un asunto central en los próximos meses.
Un basural que creció en silencio
El mencionado predio de la calle Paraná, a metros de la ruta 26, no se convirtió de un día para otro en un foco crítico. Durante años, el lugar funcionó como un punto de disposición ilegal de residuos, con un flujo constante -aunque muchas veces invisible- de camiones que ingresaban, sobre todo de noche, para arrojar desechos de todo tipo.
Con el tiempo, esa práctica fue configurando un basural de gran escala. En distintos sectores del terreno, la acumulación de residuos llegó a formar capas de varios metros de altura, producto de vuelcos reiterados sin ningún tipo de control. Entre los materiales descartados había escombros de obra, restos de poda, basura domiciliaria y otros desechos más complejos.
La quema de basura fue otra constante. El fuego no solo se utilizaba para reducir el volumen de los residuos, sino también como parte de circuitos informales de recuperación de materiales, como la combustión de cables para la extracción de cobre. Estas prácticas, además de ilegales, generaban emanaciones tóxicas y contribuían a degradar aún más el entorno.
Los incendios, de hecho, se volvieron cada vez más frecuentes y difíciles de controlar. Los focos ígneos registrados en el predio no solo se repitieron durante varios años, sino que presentaron una particularidad: reaparecían días después de haber sido sofocados.
La reiteración de incendios y las denuncias del Municipio por el funcionamiento del basural derivaron en la intervención del Juzgado Federal de Campana.
La explicación, según indicaron especialistas, está en la propia composición del basural: la acumulación en profundidad genera bolsas de gases que mantienen activos los focos subterráneos y producen humo persistente durante largos períodos. Esa dinámica quedó en evidencia en el último incendio, cuando Bomberos y Defensa Civil debieron trabajar durante tres días -del viernes 20 al domingo 22 de febrero- para controlar definitivamente la situación.
Este escenario terminó de encender las alarmas. A la reiteración de los incendios se sumaron denuncias vecinales por olores, humo constante y movimientos sospechosos durante la noche, lo que puso bajo la lupa el funcionamiento del predio, cercano a la planta potabilizadora de AySA. Para entonces, lo que durante años había operado de manera relativamente oculta ya se había convertido en un problema ambiental y sanitario de escala, difícil de ignorar.
Intervención judicial y toma de posesión
La reiteración de incendios y las denuncias del Municipio por el funcionamiento del basural derivaron en la intervención del Juzgado Federal de Campana, que comenzó a investigar el caso como un posible delito ambiental de mayor alcance. El expediente puso el foco en la existencia de un “grave foco de contaminación” con potencial impacto sobre cursos de agua conectados al río Paraná de las Palmas.
En ese marco, personal especializado de la Policía Federal realizó tareas de campo en el predio y en zonas aledañas, donde se relevaron muestras tanto líquidas como sólidas. Los primeros análisis detectaron la presencia de hidrocarburos, combustibles y restos de pinturas, lo que reforzó la hipótesis de una contaminación sostenida en el tiempo.
La investigación también avanzó sobre las personas vinculadas al lugar. Como resultado, fue detenido un joven de 27 años, acusado de haber provocado los últimos incendios intencionales, además de amenazas a vecinos y violación de clausuras previas. Su detención marcó el primer avance concreto en una causa que hasta entonces se movía sobre denuncias y actuaciones administrativas.
El punto de quiebre llegó con una medida excepcional: el Juzgado Federal resolvió otorgar la tenencia precaria del predio al Municipio y restringir el ingreso al lugar sin autorización.
La decisión no solo implicó un cambio en la investigación, sino que modificó por completo la situación sobre el terreno, al habilitar una intervención directa en un espacio que, hasta entonces, permanecía bajo dominio privado, con varios titulares y herederos.
A partir de esa resolución, el Municipio avanzó con el desalojo del predio y asumió su custodia. Con el control del lugar asegurado, se abrió una nueva etapa, centrada ya no solo en la investigación judicial sino también en la recuperación y el ordenamiento del área.
Primeras acciones
Con el control del predio ya en sus manos, el Municipio desplegó un operativo de gran magnitud en el lugar, que incluyó la participación de distintas reparticiones y fuerzas de seguridad. Según se informó oficialmente, el objetivo fue avanzar en la recuperación del campo, relevar su estado general y detectar posibles actividades irregulares tanto dentro del terreno como en parcelas aledañas.
En los primeros días se llevaron adelante tareas de limpieza, remoción de residuos y desmantelamiento de estructuras precarias, con intervención de equipos de Infraestructura, Defensa Civil y Bomberos. Uno de los principales desafíos, siempre según la versión oficial, fue la presencia de focos ígneos subterráneos, producto de la acumulación de basura en profundidad, lo que obligó a sostener trabajos prolongados para evitar reactivaciones.
En paralelo, la Subsecretaría de Inspección realizó controles en el predio y sus alrededores, donde se detectaron distintas irregularidades. El Municipio informó que se relevaron decenas de construcciones y se labraron múltiples contravenciones, algunas de ellas con clausura, vinculadas a prácticas como el acopio clandestino de materiales, la quema de cables y la disposición ilegal de residuos.
El operativo también incluyó un abordaje social sobre las personas que vivían en el lugar. Según datos difundidos por el propio Municipio, se identificaron situaciones de vulnerabilidad y se intervino para acompañar a las familias, que al momento de los relevamientos ya no permanecían en el predio. En ese marco, se realizaron gestiones para su reubicación o asistencia, aunque no trascendieron mayores precisiones sobre esos casos.
Otro eje estuvo puesto en la cuestión sanitaria. Equipos de Zoonosis, en coordinación con organismos nacionales, determinaron la presencia de animales en condiciones deficientes y realizaron rescates puntuales. Parte de esos ejemplares -cabras, ovejas, conejos y otros- fueron trasladados a la Granja Educativa Don Benito, donde quedaron bajo seguimiento sanitario, mientras se evaluaban posibles riesgos asociados a enfermedades y prácticas de faena clandestina.
En paralelo, y como parte de una primera resignificación del lugar, el Municipio formalizó el lunes 30 la cesión de una fracción del predio a los Bomberos Voluntarios de Ingeniero Maschwitz para el desarrollo de un centro de entrenamiento. La iniciativa, aún en etapa inicial, aparece como uno de los primeros intentos de transformar un espacio degradado en un ámbito con una función pública definida.
Más allá de lo ocurrido en el predio de Maschwitz, las medidas adoptadas en las últimas semanas muestran que el Municipio decidió encarar con un enfoque más amplio la proliferación de los basurales y microbasurales en el distrito.
Tolerancia cero
En los días posteriores a los incendios y a las definiciones públicas del intendente, se multiplicaron los operativos de control y las sanciones por arrojo ilegal de residuos en distintos puntos del partido de Escobar. Solo en Garín, por ejemplo, dos hombres fueron detenidos tras ser detectados -uno por cámaras del Centro de Monitoreo y otro a partir de una denuncia a través del sistema Ojos y Oídos en Alerta- mientras arrojaban y quemaban basura en la vía pública.
A esos episodios se suman otros casos detectados por cámaras de seguridad, como el de un vecino que utilizaba una carretilla para descargar residuos en la vía pública y fue sancionado en menos de una hora. En paralelo, el propio Municipio informó que en lo que va del año ya se registraron 98 contravenciones vinculadas al arrojo ilegal de basura, de las cuales 16 derivaron en clausuras, además de cuatro secuestros de vehículos.
Desde el punto de vista normativo, estas conductas pueden encuadrarse en distintas figuras. A nivel provincial, el Código de Faltas (Decreto Ley 8031/73) prevé sanciones como multas, clausuras, inhabilitaciones e incluso arresto para este tipo de infracciones. En los casos de mayor gravedad, cuando se verifica contaminación con riesgo para la salud o el ambiente, puede intervenir la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos, que contempla penas de prisión para quienes contaminen el suelo, el agua o el aire de manera peligrosa.
Este despliegue, que combina monitoreo, denuncias vecinales y presencia territorial, muestra un cambio en la intensidad de los controles y en la visibilidad de las sanciones. Prácticas que durante años formaron parte de una dinámica tolerada o difícil de controlar comenzaron a ser abordadas con mayor frecuencia y exposición pública.
En ese contexto, el caso del predio de la calle Paraná aparece como el ejemplo más extremo de una problemática extendida, que va desde conductas individuales hasta circuitos más complejos. La diferencia, ahora, parece estar en la decisión política de intervenir con mayor dureza.
Si ese cambio de enfoque logra sostenerse en el tiempo y traducirse en resultados concretos es una incógnita abierta. Por lo pronto, el mensaje ya fue planteado: los basurales -grandes o pequeños- dejaron de ser un tema periférico para convertirse en una prioridad de la gestión municipal.
