Por MARCOS B. FEDERMAN
mfederman@dia32.com.ar
Las tomas del Parque Indoamericano y del club Albariño, en la ciudad de Buenos Aires, a fines del año pasado, tuvieron una repercusión mediática que impulsó el debate en la opinión pública y propició la ocupación casi generalizada de terrenos en diversas localidades. A este fenómeno, el partido de Escobar no estuvo ajeno.
Enero y febrero fueron meses marcados por las manifestaciones, con epicentro en Maquinista Savio, donde incluso se llegó a cortar la ruta 26 en reiteradas oportunidades. Son varios los grupos de manifestantes, con diversos niveles de organización y politización. Hay desde grupos de vecinos que no pertenecen a ningún partido hasta miembros del Partido Obrero. Todos reclaman lo mismo: vivienda digna para los más necesitados.
En Maquinista Savio, a través de un programa nacional, se están construyendo 274 viviendas sociales. La cantidad, claro está, no alcanza para cubrir las necesidades existentes, lo que da lugar a la organización de focos de protesta.
Planes de viviendas
El gobierno nacional dice haber construido 302 mil viviendas y mejorado 251 mil, entre 2003 y 2010. Son tres las líneas troncales a través de las cuales se canalizan estas obras: el Programa Federal de Emergencia Habitacional, el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas. Complementariamente, el gobierno fomenta la construcción de soluciones habitacionales por parte de organizaciones sociales y sindicatos, como es el caso de las Madres de Plaza de Mayo o de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (UOCRA).
Por su parte, el intendente Sandro Guzmán viene realizando esfuerzos por vincularse más estrechamente con las administraciones de la provincia y del país. Esos acercamientos rinden sus frutos, en este caso, con la construcción de un plan de viviendas en Maquinista Savio.
A fines del año pasado, el Municipio y el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires firmaron un convenio en el cual se establece que éste último gestionará la construcción de las 274 viviendas en los fondos del barrio Amancay. Se trata de 30 millones de pesos aportados por el gobierno nacional, que serán entregados a la Comuna a través del organismo provincial en siete cuotas y acorde vayan avanzando las obras, para las cuales se estableció un plazo máximo de 300 días.
Escobar recibió en octubre pasado un 15% del dinero y este verano se dio inicio a la construcción. De cumplir con lo acordado, las casas estarían listas poco antes de las elecciones presidenciales de octubre.
¿Para quiénes?
En el convenio marco del plan de viviendas se especificó que el Municipio tendrá a su cargo la adjudicación del 90% de las 274 unidades habitacionales. Esa responsabilidad será desempeñada por una comisión integrada por tres miembros del Departamento Ejecutivo, que hasta el momento no fueron designados, y cuatro del Legislativo: los concejales del oficialismo José María Rognone, Mario Flamenco y Daniel Tossio, más la secretario del cuerpo, Patricia de la Cruz. Como veedores, en tanto, actuarán los concejales de bloques minoritarios Luis Balbi, Mónica Palazzo y Oscar Fontán.
Las viviendas no serán entregadas de forma gratuita, sino que cada familia recibirá un crédito a pagar en 25 años, a una cuota mensual que rondaría en 600 pesos, según se estima.
La información referida a los parámetros que serán tenidos en cuenta para elegir a los beneficiarios es sumamente escasa. De hecho, aún no se abrió el registro de interesados. Fuentes municipales señalan que habrá prioridad para familias numerosas o con miembros con necesidades especiales. Un requisito fundamental será el tiempo de residencia en el distrito. Aunque tampoco está definido, se habla que sería de 15 años como mínimo.
Una serie de denuncias de clientelismo en diversos lugares del país puso bajo sospecha la forma en que se eligen los beneficiarios de las viviendas sociales. El caso de mayor resonancia ocurrió en José C. Paz, donde una investigación periodística puso al descubierto irregularidades cometidas en la gestión del intendente Mario Ishii.
Estos antecedentes fomentan la desconfianza de vecinos, que reclaman ser tenidos en cuenta para la adjudicación de las casas construidas en el partido y que la misma se realice de forma clara y transparente.
Necesidad y ocupación
Grandes sectores sociales en Escobar tienen acuciantes necesidades básicas insatisfechas. Muchos vecinos sufren la desprotección causada por la ausencia del Estado. Proliferan los merenderos comunitarios, el desempleo y las viviendas precarias.
“Donde existe una necesidad nace un derecho”, dijo Eva Duarte. Y si ese derecho no es atendido por los gobiernos, suele ser reclamado y apropiado por la población organizada. Esto fue lo que ocurrió en los primeros meses de este 2011, durante los cuales hubo al menos cinco ocupaciones de terrenos y casas en el partido de Escobar. Cuatro tuvieron lugar en la castigada localidad de Savio.
La toma más importante tiene lugar en un predio de tierras fiscales en el barrio Santa Teresa, justo en el límite donde empieza la localidad de Lagomarsino (más conocida como “Savio Pilar”). Allí, 150 familias –varias de ellas de Savio y de Garín- armaron sus carpas el 30 de enero y cortaron la ruta 26 en reiteradas oportunidades reclamando ser atendidos por las autoridades.
“Hacemos esto por necesidad”, le dijo a DIA 32 Analía Elizabeth Gómez. “Si hubiera trabajo con sueldos dignos no nos veríamos obligados a hacerlo. Nosotros no queremos robar estas tierras, queremos ayuda del gobierno para construir nuestras casas. Nos enteramos de que había un plan de viviendas, pero la mayoría de las familias van a quedar en la calle. No tenemos dónde ir. Hoy comprar un terreno es imposible porque es carísimo”.
La mujer, de 32 años y madre de un bebé de tres meses, afirmó que tras cortar la ruta el lunes 14 de febrero “doce matones de civil aparecieron con armas y nos amenazaron. Dijeron que si volvíamos a cortar la ruta nos iban a matar a todos”. El hecho fue inmediatamente denunciado en la fiscalía número 4 de Pilar.
Víctimas y oportunistas
Antes y después se sucedieron nuevos intentos de ocupación en otras tierras savienses.
Uno de estos hechos ocurrió en terrenos ubicados sobre la calle Rivadavia, entre El Ceibo y Rosas. “Un grupo de vecinos decía que esos terrenos no tienen dueños. Por otro lado, un matrimonio joven tenía una documentación de cesión de derechos por escribano público, pero puede no ser suficiente, porque hace falta tener las escrituras del lugar”, contó a DIA 32 el concejal Rognone. Ese día, la policía persuadió a los ocupantes de que desalojen pacíficamente el lugar y ellos se fueron voluntariamente. El tema será dirimido en la Dirección de Normalización Dominial y Propiedades del Municipio.
Gustavo “Pechito” Ojeda, un conocido militante social de Savio, afirmó a esta revista que debió hacer de mediador en otro hecho de estas características. “Una familia con varios chicos fue desalojada. Intentamos que reciban algún tipo de ayuda social de parte de las autoridades y que no sean abandonadas a su suerte”, comentó.
Promediando la primera quincena de enero, varias personas entraron a un terreno de siete parcelas perteneciente a la línea de colectivos 508, que transporta pasajeros de Savio y Garín. Aún permanecen allí.
En declaraciones a la prensa, el intendente Guzmán descalificó a ciertos protagonistas de las ocupaciones. “A veces nos enojamos porque algunos vivos se aprovechan de las necesidades de la gente y generan usurpaciones. Son ‘vivillos’ que les mienten y le sacan plata a la gente prometiéndole terrenos”, dijo en FM Escobar.
Históricamente, las necesidades de la población superan la capacidad de respuesta del Estado. Y si bien la construcción de estos hogares es un avance valioso, su anuncio multiplicó las demandas de cientos de familias que quedarán excluidas cuando la última vivienda sea entregada.
Un derecho humano
La ocupación ilegal de inmuebles con fines de vivienda es un hecho social que aumentó en correspondencia con los niveles de exclusión económica en la Argentina, en general, y en el partido de Escobar, en particular.
De acuerdo con Proyecto 7, una ONG integrada por sociólogos, antropólogos y personas que están en situación de calle, las políticas neoliberales llevadas adelante durante los años ‘90 profundizaron esta problemática.
Señalan que “una de las consecuencias más graves e importantes que dejó este período son los millones de personas que quedaron excluidas de todos sus derechos como ciudadanos”. Fueron afectados especialmente “el derecho a una vivienda digna, al trabajo, a la educación, a un hábitat sustentable y la recreación y el ocio”.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Estado garantizará “el acceso a una vivienda digna”. Ya en 1948, las Naciones Unidas habían incluido este derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, estos derechos formales suelen no corresponderse con la vida cotidiana de millones de personas en el mundo entero. Y Argentina no es la excepción.
