Anatomía de un abandono: la condena al director de la ex clínica San Carlos

Las crisis suelen revelar aquello que normalmente permanece oculto. La pandemia de coronavirus expuso sistemas frágiles, decisiones improvisadas y límites humanos que parecían inimaginables hasta entonces. Pero también dejó escenas que todavía incomodan, porque obligan a preguntarse cuánto del desastre era inevitable y cuánto pudo haberse evitado. La historia del ex sanatorio San Carlos atraviesa justamente esa frontera.

Durante semanas, detrás de las paredes del establecimiento sanitario de la ruta 26, en Maquinista Savio, algo empezó a desmoronarse en silencio. Mientras el país entero intentaba comprender qué era el Covid-19 y cómo enfrentarlo, en la clínica los protocolos fallaban, los contagios crecían y el miedo comenzaba a recorrer pasillos saturados de incertidumbre.

Seis años después, la Justicia reconstruyó aquella secuencia y dictó una condena que vuelve a poner sobre la mesa una de las historias más oscuras de la pandemia en Escobar. El pasado miércoles 13 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana dictó una sentencia en la que condena con diez años de prisión al propietario del ex sanatorio San Carlos y ex titular de la empresa Salutis S.A., Juan Carlos Linares (83), por su gestión del establecimiento durante las primeras semanas de la pandemia.

El tribunal, compuesto por Facundo Quinteros, Lucía Leiro y Daniel Rópolo, halló a Linares penalmente responsable de los delitos de “homicidio culposo agravado, abandono de persona y propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa (el Covid-19) en violación de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades”.

Una bomba de tiempo en la ruta 26

Para entender lo que explotó en abril de 2020, hay que retroceder al comienzo de ese año. El sanatorio San Carlos, inaugurado por el propio Linares en 1983, acumulaba desde hacía tiempo una situación crítica: desorganización operativa, reclamos del personal y quejas de afiliados que no encontraban respuestas. La clínica tenía adjudicadas más de 22.000 cápitas del PAMI y empleaba a más de 200 trabajadores, entre personal de planta y monotributistas. Su cierre no era una opción sencilla.

Fue en ese contexto que el intendente Ariel Sujarchuk negoció con los dueños el traspaso del establecimiento al Municipio. El viernes 21 de febrero de 2020, en una sesión extraordinaria convocada a ese único efecto, el Concejo Deliberante de Escobar autorizó por unanimidad al Ejecutivo a avanzar con las gestiones para la municipalización del sanatorio. El acuerdo marco entre el jefe comunal y los titulares de la clínica ya estaba firmado desde el 6 de febrero. El plazo previsto para la toma de posesión era el 1° de abril. Pero la pandemia llegó antes.

Las primeras señales de alarma se encendieron el viernes 17 de abril, cuando se confirmó el contagio de dos profesionales de terapia intensiva. El lunes 20, un grupo de trabajadores se manifestó frente a la clínica para denunciar el incumplimiento de los protocolos sanitarios, la falta de insumos básicos de protección y la ausencia de hisopados sistemáticos al personal. La situación tomó estado público. “Lo que están haciendo es una locura total. Esta gente no toma conciencia de nada”, denunció un auxiliar a El Día de Escobar, apuntando contra la conducción del San Carlos.

Cuatro días después, el viernes 24 de abril, estalló la crisis. Más de veinte contagios confirmados entre pacientes y personal, la muerte de dos vecinos de Pilar por Covid-19 y el sanatorio convertido en un foco de propagación del virus en plena cuarentena obligatoria.

La noche de la evacuación

La respuesta llegó esa misma noche. En una acción conjunta entre el Municipio, el PAMI y el Ministerio de Salud bonaerense, se llevó a cabo un impresionante operativo para evacuar el sanatorio San Carlos. A las 19.30 comenzó el traslado de los 27 pacientes internados -todos adultos mayores, afiliados del PAMI-, que se extendió hasta la mañana del sábado. Ambulancias y autobombas se apostaron sobre la ruta 26, con un fuerte dispositivo de seguridad. A cien metros, decenas de familiares presenciaban la escena con angustia, desconcierto e indignación.

La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, supervisó el traslado junto al intendente Sujarchuk. “Estamos interviniendo porque detectamos que no se cumplen los protocolos. Ante la imposibilidad de los responsables de la institución de dar respuesta, decidimos intervenir en la clínica para derivar a los pacientes y desinfectar”, expresó Volnovich. El jefe comunal fue más directo: “Hoy dijimos basta. Somos una gestión que no le escapa a los problemas. Por eso, para evitar más contagios y muertes, hoy nos hacemos cargo”.

El edificio fue descontaminado íntegramente y permaneció cerrado una semana. A partir del 2 de mayo comenzó a funcionar bajo la gestión de la Secretaría de Salud, con la doctora Carolina Guida como directora interina. Al frente de la transición estuvo el secretario de Salud, Juan Manuel Ordóñez, junto a los equipos del organismo nacional y el ministerio provincial.

El caso más recordado de aquellos días fue el de la médica Elena Rojas, que falleció por Covid-19 el lunes 27 de abril, apenas tres días después de la evacuación. Pero la tragedia era más amplia: filmaciones que circularon por todo el país mostraron imágenes de cadáveres, bolsas mortuorias y pacientes en estado de abandono. Imágenes que nadie olvidó.

El acto inaugural y la paradoja del distanciamiento

El 28 de septiembre de 2020, cinco meses después de aquella noche de emergencia, el ex sanatorio San Carlos fue reinaugurado como hospital municipal Néstor Kirchner. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto junto al gobernador Axel Kicillof. También estuvieron el diputado nacional Máximo Kirchner, el intendente Sujarchuk y una nutrida delegación de funcionarios nacionales y provinciales.

La ironía fue difícil de ignorar. Bajo un sol radiante, cientos de militantes y vecinos se agolparon contra las vallas, sin ningún distanciamiento social, para presenciar el evento. A contramano de lo que se venía exigiendo desde el 20 de marzo y mientras las cifras de contagios en Escobar no paraban de crecer -más de seis mil infectados, con un promedio diario de casi cien casos y 147 muertos hasta ese momento-, la distancia social fue burlada de manera flagrante frente a todas las autoridades.

La entonces presidenta de AySA, Malena Galmarini, llegó a “retar” al público cuando se acercó al vallado: “¡Están muy pegados!”. Fue uno de los pocos llamados de atención, en un acto que terminó siendo un símbolo de las contradicciones de la gestión pandémica.

Lo que se inauguró ese día, sin embargo, era una transformación real y profunda. Tras la intervención, el establecimiento recibió inversiones por más de 150 millones de pesos con fondos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el gobierno provincial, el Municipio y el PAMI. Se incorporaron 16 respiradores microprocesados, se renovaron las instalaciones eléctricas, cloacales y los sistemas de gases medicinales. Además, se incorporó el primer angiógrafo digital del distrito, que permitió realizar estudios de hemodinamia y procedimientos de alta complejidad.

La planta de personal pasó de 220 a 300 trabajadores. Las 28.000 cápitas del PAMI -las 21.000 del San Carlos más las 7.000 transferidas del sanatorio Plaza, que cerró en agosto de ese año– quedaron bajo gestión pública. El hospital Néstor Kirchner, con 101 camas de internación, tres quirófanos y unidad coronaria, se convirtió en uno de los principales establecimientos sanitarios de Escobar y la región.

Lo que probó el tribunal

Seis años después de aquella evacuación, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana reconstruyó en detalle lo ocurrido entre el 9 de marzo y el 25 de abril de 2020. El resultado fue contundente: 54 personas contagiadas, entre pacientes y personal, y 23 muertos por Covid-19.

El tribunal tuvo por acreditado que Linares, como máxima autoridad del sanatorio y principal responsable de las decisiones de funcionamiento, incumplió sistemáticamente los protocolos sanitarios obligatorios establecidos por el Ministerio de Salud de la provincia. No se proveyeron elementos de protección personal -barbijos N-95, camisolines, antiparras, etcétera- al personal en tiempo y forma. No se implementó un sistema de triage en el ingreso de pacientes. No se realizaban hisopados de forma preventiva. No había cartelería adecuada ni capacitación para el personal. No se controlaba la temperatura de ingreso. El personal compartía un único vestuario sin diferenciación por áreas Covid. Los cadáveres no eran retirados con rapidez y permanecían horas junto a pacientes internados. Y, pese a que el virus ya circulaba por todas las áreas, la clínica continuó admitiendo nuevos pacientes.

El fallo fue por mayoría: los jueces Quinteros y Rópolo votaron por la condena, mientras que la jueza Leiro votó por la absolución.

Uno de los puntos centrales del fallo fue acreditar la responsabilidad de Linares pese a que no se encontraba físicamente en el sanatorio: cumplía aislamiento preventivo en su domicilio por su edad avanzada. Sin embargo, el tribunal estableció su participación activa a través de mensajes de texto extraídos de su teléfono celular, en los que recibía información y tomaba decisiones sobre el funcionamiento de la institución.

La doctora Soledad Calvo declaró que el subdirector Alberto Lauría -quien falleció durante el proceso judicial- consultaba cada decisión telefónicamente con Linares. La empleada administrativa Erica D’Estefanis señaló que era Linares quien aprobaba la compra de insumos. Múltiples empleados lo identificaron como la máxima autoridad del establecimiento.

La defensa argumentó que la clínica había sido intervenida de facto por el Municipio y sostuvo que la venta de acciones fue forzada en el marco de una disputa política.

La defensa intentó presentarlo como un mero accionista, argumentó que la clínica había sido intervenida de facto por el Municipio y sostuvo que la venta de acciones fue forzada en el marco de una disputa política. El tribunal rechazó estos argumentos: la responsabilidad penal de Linares no derivaba de su rol societario sino de su posición de garante como máxima autoridad médica.

El fallo fue por mayoría: los jueces Quinteros y Rópolo votaron por la condena, mientras que la jueza Leiro votó por la absolución. La presidenta del tribunal argumentó que la acusación no había logrado disipar la duda razonable dado el contexto de pandemia, la incertidumbre científica inicial y testimonios contradictorios entre sí.

El final de la historia

Juan Carlos Linares fundó el sanatorio San Carlos en 1983. Lo cerró, en los hechos, en la noche del 24 de abril de 2020, cuando la intervención del Municipio y el PAMI puso fin a su gestión en medio del peor brote de coronavirus registrado en una institución de salud del partido de Escobar.

Cuarenta y tres años después de abrir sus puertas, el edificio de la ruta 26 sigue funcionando como centro de salud, pero ahora bajo otra bandera y con otra historia. El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana cierra el último capítulo de esa transformación.

La sentencia de diez años de prisión para Juan Carlos Linares no devuelve las vidas perdidas ni borra las imágenes de aquellos días de pandemia. Pero establece una responsabilidad concreta.

La sentencia de diez años de prisión para Linares -quien probablemente intente apelarla- no devuelve las vidas perdidas ni borra las imágenes de aquellos días. Pero establece una responsabilidad concreta sobre una tragedia que durante mucho tiempo quedó suspendida entre el caos sanitario, la confusión y el dolor colectivo.

Donde hubo abandono, hoy funciona un hospital público. Y donde alguna vez reinó la incertidumbre, el fallo judicial deja, al menos, una certeza institucional sobre lo que ocurrió detrás de las puertas del ex sanatorio San Carlos en aquellos oscuros meses de 2020.